La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 029 del 2022 para las comunidades de los municipios de Baranoa, Polonuevo, Luruaco, Sabanalarga y Repelón en el departamento de Atlántico, porque luego de visitarlos por varios meses, se pudo comprobar que están en alto riesgo de vulneración a sus derechos, ante lo cual presentó 15 recomendaciones a entidades nacionales y regionales para que tomen acciones preventivas para proteger a la ciudadanía.
Carlos Camargo, Defensor del Pueblo, dijo que estas poblaciones están en alto riesgo por la presencia y por las disputas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) también conocida como ‘El Clan del Golfo’, con los grupos locales y regionales de criminalidad organizada, “que buscan el control territorial y social de estos cinco municipios, que conforman una zona geoestratégica para el manejo de economías ilegales dentro y fuera del país, en particular del narcotráfico”.
“En una visita dos meses atrás, verifiqué de primera mano la problemática social y de seguridad que se vive en esta región del país. Y les solicité a las autoridades redoblar esfuerzos para frenar la extorsión, las amenazas y los homicidios y coordinar acciones para avanzar en soluciones de fondo”, sostuvo.
Agregó que el equipo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo estableció riesgos para la vida, seguridad, libertad e integridad en contra de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, comerciantes formales e informales, comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otros grupos sociales.
“En esta alerta temprana 029 de 2022, no sólo advertimos los riesgos y vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, también les hacemos 15 recomendaciones a las autoridades con el propósito de que se tomen las medidas necesarias con la pertinencia y debida diligencia que permitan garantizar la vida e integridad de estas comunidades”, afirmó.
Dentro de las recomendaciones que se hacen están la de realizar campañas para prevenir y atender las amenazas y extorsiones contra las comunidades, además se pide que se refuerce la presencia Institucional de la Policía y la Fiscalía. Al ICBF, la Gobernación del Atlántico y la Consejería para los Derechos Humanos, se le solicitó coordinar acciones para prevenir el reclutamiento, el uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, entre otras medidas.
Manifestó que los homicidios selectivos y múltiples, la extorsión, las amenazas, están afectando de manera directa a las comunidades de estos municipios, en especial, a comerciantes, transportadores, población infantil, adolescente y juvenil. A lo que se le suman diferentes formas de violencia basada en género, entre ellas, la sexual, dirigidas a mujeres y a población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD), quienes también son víctimas de violencia por prejuicio.
“Recordamos a las autoridades que las acciones de prevención y disuasión del contexto de amenazas deben involucrar la fuerza integral del Estado y propender por la transformación de las profundas condiciones de precariedad de pobreza, bajo un enfoque de seguridad humana y garantía de los derechos de las comunidades”, terminó diciendo el Defensor del Pueblo.
