El Juez Primero Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, Alberto Oyaga Machado, decidió este jueves cobijar con medida de detención domiciliaria a cuatro de las cinco personas que el pasado 11 de marzo fueron capturadas en el comando de la representante a la Cámara y hoy electa Senadora por el Partido Conservador, Aida Merlano Rebolledo.
De las cinco personas la única que quedó en libertad es María Camila Valencia Lugo, pero ella deberá seguir vinculada al proceso como lo manifestó el juez en su dictamen.
Los cobijados con la medida de detención domiciliaria son: Jefferson Viloria Mieles, Edwin Martínez Salas, Evelín Díaz Díaz y Vanessa Merlano Rebolledo, hermana de la hoy senadora electa de la república y quien se encuentra suspendida por tres meses por el Partido Conservador, para que haga su defensa de los hechos de los que se le acusan.
Con diapositivas y otras herramientas para argumentar las acusaciones en contra de los implicados, la Fiscalía fue mostrando el modo operandis con el que los capturados realizaban sus “operaciones” para constreñir al elector.
Estas pruebas iban siendo debatidas por los abogados defensores, que siempre argumentaron que nunca hubo la compra de votos; que tanto los documentos, como las contraseñas que reciben el ciudadano de haber ejercido el derecho al voto, estaban allí porque era una manera de contabilizar cuantos sufrantes al final de la jornada lo hicieron por la hoy senadora.
La defensa también argumentó que el dinero que estaba en la llamada ‘Casa Blanca’ o comando político de Aida Merlano, era con fines de pagar logística y gastos que se tuvieron durante la campaña preelectoral. Y también que no era un dinero ilícito, porque es “el mismo que entrega el Estado a todos los partidos políticos para gastos de operación de las diferentes campañas”.
Aunque tanto los representantes de la Fiscalía y del Ministerio Público, habían pedido la medida de aseguramiento en centro carcelario, por considerar que el delito constreñimiento contra el sufragante, es un mal ejemplo para la sociedad y por tanto suficiente para que ellos fueran cobijados con la medida intramural. El juez, luego de escuchar los argumentos de los abogados defensores, decidió darles la casa por cárcel.
Hay que decir que durante las audiencias de legalización e imputación de cargos, a todos ellos les habían señalado de los delitos de corrupción al sufragante, fabricación y porte ilegal de armas, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pero el juez descartó ilegal la captura por esos últimos delitos y solo quedaban pendientes por los dos primeros, de los cuales se descartó el de fabricación y porte ilegal de arma de fuego y únicamente se les enjuiciará del de corrupción al sufragante.
Aunque tendrán detención domiciliaria, a muchos de ellos se les permitirá que continúen trabajando.
